La ética médico-científica prohibe llevar a cabo procedimientos que puedan poner en peligro o dañar la salud de las personas. Incluso aunque el resultado sea beneficioso para el avance de la ciencia o para la salud de toda la humanidad, este principio fundamental de moral y deontología debe ser observado absolutamente. No admite ningún tipo de excepción ni puede ser modulado en su naturaleza y alcance invocando estados de necesidad. La única forma de anular esta garantía de civismo y de humanismo que protege al individuo y su dignidad frente a la violencia institucional y el interés ajeno, es a través de un consentimiento otorgado libre y conscientemente.
Del análisis de estos meses de inoculaciones masivas en el occidente totalitario, podemos concluir que ningún inoculado ha dado su consentimiento. Y no ha podido darlo porque no ha existido en ningún caso información veraz y suficiente sobre las vacunas para que existiera una aceptación libre y consciente de las mismas.
Aquí no basta con invocar un paternalista e irracional principio de confianza en el Gobierno de la Nación, ni tampoco vale la sumisión a una jerarquía sociopolítica en la que la autoridad, administrativa o sanitaria, dicta órdenes de obligado acatamiento. No vale cuando las farmacéuticas siguen llevando a cabo estudios sobre la inmunogenicidad -la capacidad de las vacunas de activar el sistema inmunitario induciendo la respuesta inmune- de productos que los gobiernos administran prometiendo una falsa inmunización sin efectos secundarios. No vale inocular a millones de personas por un procedimiento de urgencia político-sanitario, engañando con la eficacia, todavía en estudio, y la seguridad, todavía en estudio, mientras le otorgas un salvoconducto de no responsabilidad a las empresas para el caso de que se produzcan reacciones inmunotóxicas, es decir, que a tu negacionista sistema inmune le sienten mal los productos de Pfizer, Janssen o Moderna. No vale quitarse la camisa, extender el brazo y entonar un ¡Siam pronti alla morte! sacrificándonos por la Socialdemocracia y la Madre Patria. No puede haber libertad para consentir cuando desde las instituciones se amenaza diariamente con despidos, con la denegación de prestaciones del estado socialista, con la imposición de multas, con la no admisión en hospitales y colegios…señalando a los no inoculados como asesinos, como egoistas, como responsables de los contagios y las muertes.
Cuando el de aquella ministro-astronauta de la Ciencia, don Pedro Duque, actuando en su condición de experto por ministro y por haber ido al espacio antes que Jeff Bezos decía que el peor efecto secundario de las vacunas contra el COVID era no ponérselas, uno debería asimilar su condición de cobaya-estadística para el régimen socialista y darse cuenta de la clase de psicópatas a los que les permitimos pastorear nuestras vidas.
Cuando se repite hasta el infinito la misma historia de negacionistas enfundados en gorrito de aluminio a los que arrancan una confesión de culpabilidad y arrepentimiento segundos antes de ser intubados, renegando de la superchería y pidiendo convertirse a la religión covidiana justo antes de morir, uno debería empezar a distinguir entre lo científico y lo manipulado. Para entender por fin, lo que es el COVID, la realidad de las inoculaciones, sus efectos, sus riesgos y sobre todo cómo funciona el Poder y sus intereses político-económicos.
Vacunar de manera apresurada y de forma masiva conlleva un riesgo elevado. Cuando se inoculan productos no estables, no estudiados suficientemente para un virus que sigue teniendo una mortalidad mínima por millón de habitantes, la conclusión más evidente es que la casta política busca validar como estrategia sanitaria, la anterior chifladura de restricciones y confinamientos. La hoja de ruta parece clara: Violentas imposiciones, bozales e hidrogeles, cancelación de la vida, vacunaciones a discreción, Covid Cero. La socialdemocracia gana… ¡Teníamos razón!.
La conclusión más correcta, sin embargo, es que todo pasa por imponer chifladuras para hacer caja con ellas. En cualquier caso, inocular de forma masiva productos que salen al mercado entre cinco y diez años antes de lo aconsejable científicamente, conlleva un riesgo demasiado alto.
De ahí que tengan razón nuestros amados líderes cuando aluden al análisis riesgo-beneficio que exigen estas vacunas. Pero ese análisis debe hacerse desde un juicio racional individual. Al fin y al cabo es el organismo de cada uno el que se contagia, el que reacciona al COVID de una u otra forma. El que reacciona a los pinchazos de una u otra manera. Es cada ciudadano el que asume el riesgo al inocularse un remedio en fase de ensayo y de eficacia y seguridad todavía desconocidas. No es una casta de políticos los que pueden decidir si son aceptables o no las posibles consecuencias del ensayo. Tampoco lo decide ese abstracto constructo llamado la Sociedad, ni vale invocar conceptos falsamente determinados como la Solidaridad o la Salud General. Estas vacunas en ningún caso iban a proporcionar inmunidad de grupo. Eran productos que buscaban reducir el impacto del virus en la población más vulnerable y sus cuidadores, mientras ganábamos tiempo en el desarrollo de una hipotética supervacuna salvadora de la humanidad.
Resulta que un porcentaje significativo de pacientes que han sufrido de forma moderada los efectos del COVID y sin presentar patologías previas, han experimentado problemas en la tiroides. Problemas que pueden ocasionar enfermedades tiroideas autoinmunes. El llamado COVID largo tiene esa naturaleza de enfermedad/respuesta autoinmunitaria lo que le lleva a provocar efectos aparentemente extraños para un virus respiratorio. Sabemos que las vacunas que usan ARN-mensajero inducen una fuerte respuesta de los interferones de tipo I, que pueden generar a su vez una respuesta inmunotóxica. Los adyuvantes que son sustancias presentes en las vacunas y que pretenden aumentar la eficacia de éstas, pueden originar respuestas inflamatorias post-inoculación, como el llamado síndrome de Shoenfeld, así como todo tipo de trastornos autoinmunitarios.
No es posible adivinar la inmunogenicidad en cada paciente que no presente ya una patología característica debido a que cada sistema inmune es un sistema inmune concreto, no genérico y las consecuencias clínicas que pueden producirse son amplísimas en número e intensidad. Y aunque sea menor la aparición de estos problemas, el manido cálculo del riesgo-beneficio no puede reducirlos a simples anécdotas de lo estadístico. Aquí hablamos de individuos con sistemas inmunológicos incompatibles con estas inoculaciones, que deberían esperar a una mayor estabilidad y estudio del producto, contando con un screening minucioso previo y con un control post-vacunación serio y real. Necesitamos en definitiva, vacunas más seguras y personalizadas que esta versión precipitada saltándose períodos básicos de estudio, que ahora nos cuelan como normales y de uso generalizado. Una inmoral y contra-científica barbaridad.
Individuos con historial de fenómenos adversos post-vacunación. Con condiciones o desórdenes autoinmunes o historial familiar. Los fumadores, los alérgicos, los que ya hayan pasado la enfermedad, los que presenten alteraciones en la regulación hormonal no deberían inocularse estos productos o al menos entender el riesgo que asumen haciéndolo. El estado que te inocula no asume ninguno. El laboratorio que te inocula, tampoco. Y sí, ya sabemos cual es el mantra cuantitativo de la pandemia. Lo repiten hasta la hartura: Si hemos vacunado a miles de millones y solo hay unos pocos miles afectados por el pinchazo, entonces los efectos adversos ( a corto plazo) son despreciables. Pero este mismo razonamiento es válido para todo el circo totalitario: Si miles de millones han estado expuestos al COVID y los fallecidos apenas representan una fracción ridícula estadísticamente hablando, todo el circo mediático, político y sanitario no tiene ningún sentido. Salvo que lo que menos le interese de este virus a los gobiernos totalitarios, sea el propio virus.
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